Acerca de

Durante casi 30 años, Physicians for Human Rights (PHR) ha utilizado la ciencia y la medicina para documentar y llamar la atención sobre atrocidades masivas y graves violaciones de los derechos humanos. PHR es una organización mundial fundada sobre la idea de que los profesionales de la salud, con sus conocimientos especializados, deberes éticos y credibilidad, están en una posición única para detener las violaciones de los derechos humanos.

Las investigaciones y la experiencia de PHR se utilizan para defender la protección de los trabajadores de la salud perseguidos, prevenir la tortura, documentar atrocidades masivas y exigir imputabilidad a quienes violan los derechos humanos.

PHR ha evaluado los efectos sobre la salud de las armas antidisturbios en diversos lugares, como Bahréin, Egipto, la República de Corea (Corea del Sur), Tailandia, los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) y Turquía. Los estudios del PHR han documentado lesiones graves debidas a perdigones y balas de goma en Panamá y los Territorios Palestinos Ocupados, abuso de gases lacrimógenos que entrañan riesgos para la salud en Bahréin, Corea del Sur y Turquía, y palizas con porras y palos.

Mediante el examen directo de las víctimas, la investigación documental y la evaluación científica del armamento y sus posibles consecuencias (cuando se utiliza tanto de forma adecuada como inadecuada), PHR ha aportado información relevante tanto a los grupos de defensa como a los referentes políticos que tratan de mitigar las respuestas de la policía y las fuerzas de seguridad que reprimen la disidencia legítima y dañan la salud humana.

La Red Internacional de Organizaciones de Libertades Civiles (INCLO) está formada por 15 organizaciones nacionales independientes de derechos humanos que trabajan para promover los derechos y libertades fundamentales apoyando y reforzando mutuamente la labor de las organizaciones miembros que trabajan en sus respectivos países, y colaborando sobre bases bilaterales y multilaterales.

Los miembros de INCLO son: Agora International Human Rights Group (Agora) en Rusia; la American Civil Liberties Union (ACLU) en EE.UU.; la Association for Civil Rights in Israel (ACRI); la Canadian Civil Liberties Association (CCLA); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en Argentina; la Comisión para los Desaparecidos y las Víctimas de la Violencia (KontraS) en Indonesia; Dejusticia en Colombia; la Iniciativa Egipcia por los Derechos de la Persona (EIPR); el Human Rights Law Centre (HRLC) de Australia; la Human Rights Law Network (HRLN) de India; la Hungarian Civil Liberties Union (HCLU); el Irish Council for Civil Liberties (ICCL); la Kenya Human Rights Commission (KHRC); el Legal Resources Centre (LRC) de Sudáfrica; y Liberty del Reino Unido.

Cada organización es multidisciplinar, multiconstitucional, de ámbito nacional e independiente del gobierno, y defiende los derechos de todas las personas de su país mediante una combinación de litigios, campañas legislativas, educación pública y defensa popular.

La brutalidad policial y la discriminación, así como los derechos de protesta, son áreas prioritarias para INCLO. Los miembros de la INCLO se han asociado para luchar contra la represión gubernamental y policial de las protestas y del activismo de derechos humanos. INCLO también trata de promover y proteger el derecho a la protesta combinando el trabajo técnico -compilación de normas y análisis- con la creación de material destinado a un público más amplio.

INCLO ha publicado varios informes sobre protestas como «Recuperen las calles: Represión y criminalización de la protesta en el mundo» (2013), «En defensa de la protesta: prácticas estatales de protección y promoción del derecho a la manifestación» (2018) en colaboración con The Global Human Rights Clinic de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago y «Protesting During a Pandemic: State Responses During COVID-19» (Protestar durante una pandemia: Respuestas estatales durante el COVID-19) (2021).

El presente informe ha sido fruto de la colaboración entre PHR, 13 miembros de INCLO y Omega Research Foundation. Las organizaciones miembros de INCLO que participaron en la elaboración de este informe son ACLU, ACRI, Agora, CCLA, CELS, KontraS, Dejusticia, HCLU, HRLC, HRLN, ICCL, KHRC y LRC. Liberty no es autor ni parte del informe.

Fundada en 1990, la Omega Research Foundation (Omega) es una organización de investigación no gubernamental con sede en el Reino Unido. Omega investiga y denuncia la fabricación, el comercio, la adquisición y el uso a escala mundial de una amplia gama de armas militares, de seguridad y policiales, incluidas las armas pequeñas y ligeras, así como los grandes sistemas de armamento, las tecnologías de vigilancia, los vehículos y una amplia gama de material de las fuerzas de seguridad.

Omega trabaja para garantizar que las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluida la tortura y otros malos tratos, no sean cometidas o facilitadas por personas que utilizan estos equipos y técnicas, de modo que las personas sean libres de ejercer todo el abanico de derechos humanos sin amenaza de violencia y represión.

Los años de investigación especializada de Omega han generado una fuente inigualable de pruebas sobre los equipos utilizados para la tortura y la represión. Con estos datos, Omega pretende acabar con la fabricación, el comercio y el uso de armas intrínsecamente abusivas, como las porras con pinchos metálicos, que no tienen ningún uso legal. Omega también trabaja por reforzar los controles sobre otras armas que se utilizan con frecuencia para la represión y la violación de los derechos humanos, incluida la tortura y los malos tratos, como porras, esposas y gases lacrimógenos. Omega pretende aumentar la transparencia y mejorar los controles del comercio de material militar, de seguridad y policial en el mundo.

Omega trabaja para reforzar las normas sobre el uso de la fuerza y su aplicación, apoyar a los observadores e investigadores de derechos humanos de todo el mundo, obligar a los gobiernos a cambiar leyes, hacer campaña para controlar el comercio de armas y material, exigir responsabilidad a empresas y particulares, y garantizar justicia a los supervivientes de tortura.