El respeto de la libertad de expresión y reunión es uno de los indicadores clave del respeto de los derechos humanos por parte de un gobierno, y un pilar de la democracia moderna. En el sistema democrático, los gobiernos son responsables de facilitar las protestas y garantizar que los manifestantes puedan disfrutar con seguridad de este derecho fundamental.
Cuando los Estados responden violentamente a las concentraciones utilizando armas menos letales, aumentan la tensión y crean un pánico que puede provocar traumas psicológicos duraderos, lesiones graves, discapacidades e incluso la muerte.
El proyecto Letalidad encubierta pone de relieve los peligros inherentes a algunas de las armas utilizadas por las fuerzas de seguridad en todo el mundo.
Pedimos a los gobiernos que respeten los compromisos que han contraído en materia de derechos humanos para proteger a los manifestantes y pongan fin a la impunidad cuando las fuerzas del Estado violan los derechos de los manifestantes.
El informe
Letalidad encubierta 2 contiene descripciones actualizadas, estudios de casos y hojas informativas sobre proyectiles de impacto cinético (KIP), agentes químicos irritantes, cañones de agua (camiones hidrantes), dispositivos de desorientación, armas acústicas y armas contundentes (porras).
También se analizan otros dispositivos como drones, dispositivos de descarga eléctrica, rayos térmicos y láseres cegadores, con el fin de comprender sus mecanismos, despliegue y efectos potenciales.
El proyecto
En los últimos años se han multiplicado las protestas en todo el mundo para denunciar las desigualdades, expresar descontento y exigir cambios a los gobiernos. Las fuerzas del orden y de seguridad suelen responder a estas demandas con fuerza excesiva, menoscabando el derecho de los manifestantes a protestar. En este contexto, el uso de armas menos letales -dispositivos diseñados para infligir dolor subletal a las personas- ha causado miles de heridos graves y numerosas muertes en todo el mundo.
Para comprender el impacto de las armas menos letales sobre la salud y en la libertad de expresión y reunión, la Red internacional de organizaciones de libertades civiles (INCLO) y Physicians for Human Rights (PHR) llevan casi una década documentando rigurosamente las lesiones que causan. En 2016, publicamos conjuntamente el informe inicial Letalidad encubierta, el primer estudio que cataloga sistemáticamente los riesgos para la salud y las consecuencias de las armas menos letales. Desde entonces, la naturaleza, la escala y la documentación de las protestas -por no hablar de las armas utilizadas- han evolucionado considerablemente. Estos continuos avances exigieron que revisáramos las conclusiones del informe inicial con Letalidad encubierta 2.
Este proyecto pretende llamar la atención sobre el uso inadecuado y el abuso de las armas «antidisturbios», sus efectos perjudiciales para la salud y las consecuencias de su uso sobre los derechos fundamentales. A escala mundial, esperamos que esto contribuya a desarrollar normas y directrices internacionales sólidas que sostengan la rendición de cuentas. En esta ocasión, nos acompaña la Omega Research Foundation, experta en la investigación sobre la fabricación, el comercio y el uso de estas armas.
En última instancia, nuestro objetivo es prevenir lesiones, discapacidades y muertes proporcionando información sobre las armas menos letales usadas para el control de multitudes e insistiendo en su uso seguro y en que se permita el ejercicio de los derechos de protesta de forma segura.
El uso generalizado de armas menos letales contra manifestantes tiene consecuencias reales: en la salud física de las personas contra las que se dirige, en la salud mental de todos los implicados y en la capacidad de nuestra sociedad para ejercer nuestros derechos humanos y civiles básicos.
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