No deberías tener que arriesgar tu vida para protestar. En Perú, este riesgo es una realidad.
Ya han muerto 58 personas en las manifestaciones nacionales que comenzaron a principios de diciembre de 2022, después de que la vicepresidenta Dina Boluarte asumiera el cargo tras la destitución y detención de Pedro Castillo. Muchas de estas muertes se deben a munición real disparada contra manifestantes pacíficos y desarmados, otras veces contra transeúntes que ni siquiera participaban en las protestas. Otras, sin embargo, son el resultado de armas de control de multitudes (CCW, por sus siglas en inglés) que pueden herir, mutilar y matar, y de las que el gobierno ha utilizado cantidades prolíficas.
Las víctimas mortales de las armas menos letales
El derecho de reunión y asociación pacíficas es un derecho humano crucial que Perú se ha comprometido a proteger, defender y facilitar. Pero la violencia reciente ha estado principalmente en manos de las fuerzas del orden peruanas. Una de las últimas muertes fue la de Víctor Santisteban Yacsavilca, un transeúnte que ni siquiera se estaba manifestando y que falleció a consecuencia de un bote de gas lacrimógeno que le alcanzó en la cabeza a corta distancia. A pesar de las declaraciones contradictorias del Ministerio de Sanidad y de los medios de comunicación, la autopsia confirmó que había sido alcanzado por un proyectil y no por una piedra. En Lima, Pedro Cosi Condori y Udoc Dassio Antonio sufrieron fracturas craneales al impactarles en la cabeza cartuchos de gas lacrimógeno. Forman parte de las 8 víctimas que fueron atendidas por este mismo tipo de lesión en la capital de Perú ese mismo día. En las últimas semanas, los manifestantes también han sufrido heridas graves por otras armas menos letales: Rosalino Flores Valverde sigue hospitalizado por las heridas provocadas por 36 perdigones que se le incrustaron en el pecho y el abdomen tras recibir disparos a corta distancia por la espalda en las protestas de enero en Cuzco.
La conciencia sobre los peligros de las balas de goma y los botes de gas lacrimógeno va en aumento, pero aún queda mucho camino por recorrer. Investigación realizada por Physicians for Human Rights (PHR) y la Red Internacional de Organizaciones de Libertades Civiles (INCLO) demuestra que el gas lacrimógeno -el arma antidisturbios más utilizada en todo el mundo y considerada una de las menos inofensivas- puede causar dolor intenso y asfixia, así como efectos a largo plazo, como quemaduras químicas y pérdida de visión. Cuando los bidones acaban siendo utilizados como proyectiles -como fue el caso de Yacsavilca- se vuelven extraordinariamente peligrosos. Los botes de gas lacrimógeno son densos, metálicos, grandes, suelen calentarse y pueden golpear a alguien en plena explosión. Se ha documentado que causan discapacidades permanentes y muertes en Irak, Siria, Chile y Ecuador, entre otros países.
Controles y supervisión internacionales más estrictos
El creciente número de heridos entre los manifestantes y la muerte de Santisteban Yacsavilca en Perú a causa de las CCW reafirman esta investigación. Las armas menos letales con componentes metálicos o proyectiles múltiples nunca deben utilizarse en el contexto de protestas, y los botes de gas lacrimógeno no deben utilizarse como proyectiles cinéticos, como han recomendado INCLO y PHR. Lo mismo ocurre con las Directrices de las Naciones Unidas sobre el uso de armas menos letales en la aplicación de la ley, que se establecieron en 2020 e incluyen directrices para el despliegue adecuado de estos dispositivos por parte de las autoridades estatales. Cada vez hay más normas que indican que algunas CCW no tienen ningún papel en la aplicación de la ley y que otras deberían estar estrictamente reguladas cuando se utilicen.
Sin embargo, la mayoría de los gobiernos, incluido el de Perú, están lejos de contar con normativas y mecanismos de rendición de cuentas sólidos, a pesar de los grandes riesgos que entrañan estas armas. Además, hay poca transparencia en torno a la fabricación, las pruebas, la compra y el uso de las CCW en todo el mundo. El hecho de que estas armas puedan producirse en un país, ser compradas por otro y luego utilizadas en otro, hace que garantizar la rendición de cuentas por violaciones graves sea una tarea ingente. desafíoNo existen normas que limiten la compra de armas por parte de gobiernos que violan activamente los derechos humanos, como es el caso de Perú en estos momentos.
Para ser claros, la mayoría de las víctimas en Perú han sido víctimas de munición real utilizada por las fuerzas del orden contra manifestantes, algo que está expresamente prohibido por los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y por casi todas las demás normas pertinentes de derechos humanos. Sin embargo, hay acontecimientos preocupantes que podrían hacer que la muerte de Santisteban Yacsavilca pasara de ser un incidente preocupante a formar parte de un patrón más amplio.
Además de pedir urgentemente balas de goma, granadas de gas lacrimógeno y cartuchos a múltiples fabricantes nacionales, el gobierno peruano ha pedido a Ecuador que devuelva más de 12.000 botes de gas lacrimógeno que las autoridades peruanas entregaron a Ecuador para responder a sus propios disturbios en 2022. El 12 de enero de 2023 Perú también recibió casi 30.000 municiones lacrimógenas adicionales del fabricante brasileño Cóndor. Añadir más CCW a una situación ya de por sí volátil sugiere que el gobierno peruano y las fuerzas del orden están ignorando su responsabilidad fundamental de encontrar formas de rebajar la tensión y facilitar el diálogo. Ese debería ser su principal objetivo; no adquirir más armas para utilizarlas contra civiles.
Un tratado internacional de comercio sin tortura para regular la industria
Un tratado mundial que establezca normas ejecutables sobre el comercio de estas armas, el Tratado de comercio libre de tortura que sería un paso importante para garantizar que determinadas armas que han sido vinculadas a violaciones de los derechos humanos pasen por controles de derechos humanos antes de ser compradas o comercializadas. Crearía mecanismos más claros para mantener a raya a los países en cuanto a la compra de armas -en casos como el de Perú ahora mismo- y la fabricación y venta de armamento, como en el caso de los recientes proveedores de CCWs de Perú, Brasil y Ecuador.
En Perú se están produciendo graves violaciones de los derechos humanos y no hay indicios de que vayan a disminuir. Más CCW sólo conducirá a más lesiones graves y muertes cuando se ponen en manos de las fuerzas del orden que han demostrado que no están a la altura de la tarea de proteger las vidas y los derechos humanos de todos.
Debe permitirse a los manifestantes expresar libremente sus opiniones sin temor a muertes ni lesiones.
Por Laura Kauer Garcia (INCLO), Rohini Haar (PHR) y Camila Maia (CELS)
Laura Kauer García es gestora de proyectos del programa sobre derechos de protesta y actuación policial de la Red Internacional de Organizaciones de Libertades Civiles (INCLO). Ha trabajado como consultora e investigadora sobre los derechos a la protesta y la libertad de expresión, y los ataques a los defensores de los derechos humanos.
Rohini Haar es médica de urgencias experta en salud y derechos humanos y asesora médica de Physicians for Human Rights Humanos (PHR). También es profesora adjunta en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Berkeley.
Camila Barretto Maia dirige el Equipo Internacional de la organización argentina de derechos humanos Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que actualmente coordina un programa de asistencia jurídica de emergencia para manifestantes en América Latina.