Algunas armas no tienen cabida en la vigilancia policial de las protestas: el VENOM es una de ellas.
Entre el 28 de abril y el 30 de junio de 2021 se produjo un paro nacional en Colombia. Este paro fue convocado por diferentes sectores y movimientos sociales (sindicatos, estudiantes, indígenas y jóvenes, entre otros) debido al «descontento ciudadano por una propuesta de reforma tributaria, la crisis económica y de salud en el marco de COVID-19 y el incremento de masacres y asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos de todo el país.» El paro tuvo impacto a nivel nacional y fue duramente reprimido por las fuerzas de seguridad. Aunque las cuentas del gobierno colombiano informaron de que las protestas fueron en gran medida pacíficas, las cifras oficiales registraron 59 muertes relacionadas con las protestas a finales de mayo de 2021.
El sistema lanzagranadas VENOM fue una de las diversas armas y equipos utilizados por las fuerzas de seguridad colombianas durante la vigilancia policial de las protestas de 2021. VENOM es un lanzagranadas multitubo que puede ser móvil (montado en un vehículo) o estático (colocado en el suelo). Incluye hasta 30 tubos (existen modelos más pequeños) que pueden disparar diferentes granadas o botes (por ejemplo, de 38 mm, 40 mm o 66 mm). Los tubos del lanzador son fijos, lo que significa que, si bien el sistema puede apuntarse en general en una dirección determinada, el ángulo de elevación no puede modificarse. Se documentó que las fuerzas de seguridad colocaban el sistema VENOM en el suelo, lo sujetaban con la mano y disparaban directamente a los manifestantes en lugar de hacerlo por encima de ellos. ES esperable que este uso provoque un movimiento del lanzador al disparar, dando lugar a una mala puntería o a una trayectoria de disparo plana y directa. Se promociona a las fuerzas de seguridad que las municiones VENOM de 38 mm tienen un alcance de entre 100 y 160 metros.
Desarrollado por una empresa estadounidense, VENOM ha sido adquirido desde entonces por las fuerzas del orden israelíes y colombianas, y existen pruebas de su uso por parte de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley en Colombia por parte de su agencia de «control de disturbios», ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) a partir de enero de 2021.
VENOM es un arma imprecisa que dispara numerosos botes simultánea o sucesivamente en diferentes direcciones. Además, los botes se disparan a gran velocidad a largas distancias, lo que los convierte en proyectiles de impacto cinético (KIP). Estas características hacen de VENOM un arma peligrosa que nunca puede cumplir los principios de legalidad, precaución y proporcionalidad.
A mediados de junio, las ONG Temblores, Indepaz y PAIIS informaron de que habían registrado 28 casos de utilización de VENOM contra manifestantes. En un caso de uso en Bogotá, se informó de que «se contaron al menos 20 detonaciones en menos de 10 segundos». El periódico El Espectador informó de múltiples usos de VENOM, disparando granadas aturdidoras y gases lacrimógenos contra manifestantes en Bogotá. El uso se describió como «destellos y chispas (como misiles), luego explosiones estruendosas, terminando en una lluvia de gas lacrimógeno que llenó las calles» que parecía ser «artillería pesada» e «indiscriminada». Imágenes de vídeo mostraban un número considerable de cartuchos disparados en rápida sucesión. Este tipo de uso puede provocar el pánico entre la gente de una multitud, con el riesgo de que se produzca una estampida, que a su vez puede causar lesiones, además de las causadas por el impacto o los efectos de los proyectiles.
Se ha informado ampliamente del uso de VENOM en la ciudad de Popayán. France24 informó de que «las fuerzas de seguridad dispararon el lanzagranadas varias veces contra los manifestantes, que [estaban] situados a menos de 80 metros. La mayoría de los manifestantes [estaban] resguardados tras escudos y barricadas». En un informe conjunto, Temblores, Indepaz y PAIIS señalaron que uno de los incidentes ocurridos en Popayán el 12 de mayo de 2021 fue el primer uso claro y registrado de VENOM colocado en el suelo y sostenido por agentes de policía y disparado directamente contra manifestantes. Varios informes documentan casos similares en los que se disparó VENOM directamente contra la multitud, en lugar de hacerlo desde arriba. El 14 de mayo de 2021, Sebastián Quintero Múnera, un joven manifestante, fue asesinado durante las protestas en Popayán. Múnera fue supuestamente asesinado por un proyectil VENOM. En el momento de su muerte, las fuerzas de seguridad estaban utilizando VENOM en las calles de las ciudades colombianas para dispersar a los manifestantes. Su uso fue suspendido por un juez administrativo de Popayán en junio de 2021, aunque sólo en esa ciudad. La suspensión se mantendrá hasta que se elabore un protocolo para su uso, ya que «por la forma en que se está utilizando, puede resultar letal».
Tras la muerte de Múnera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamamiento al gobierno colombiano para que respetara la vida y los derechos humanos, y advirtió contra el uso indiscriminado de las armas menos letales, señalando en particular «las armas antidisturbios -como el lanzador VENOM- que tienen un impacto indiscriminado en protestas mayoritariamente pacíficas».No hay pruebas de que se haya retirado definitivamente el uso de VENOM en las fuerzas de seguridad colombianas. El uso de armas de diseño militar, como el VENOM, para reprimir protestas es indicativo de una preocupante tendencia a reprimir violentamente el derecho a la protesta y la libertad de expresión.
Fabricación y adquisición de VENOM
Desarrollado por Combined Systems Inc (CSI), una empresa con sede en Estados Unidos, VENOM se describe como «un lanzagranadas no letal, ligero y de gran capacidad». Según el material de marketing de CSI, VENOM «produce efectos no letales de destello y sonido, oscurecimiento por humo, irritación y traumatismo contuso». Inicialmente, VENOM fue creado para su uso por el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, pero no fue utilizado por ellos. También ha sido utilizado durante más de una década por el ejército israelí en Cisjordania. En Colombia, Combined Systems Inc. ha suministrado una serie de municiones al ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios).
Al parecer, VENOM ha costado al gobierno colombiano entre 400 y 445 millones de pesos, aunque la cifra exacta no está clara. Además del propio sistema, el gobierno colombiano compró cartuchos a CSI para VENOM, incluyendo, por ejemplo, la firma de un contrato de 745 millones de pesos para cartuchos aturdidores y lacrimógenos. En 2020, el Ministerio de Defensa colombiano declaró que VENOM costó al gobierno colombiano 118.000 dólares, con cada cartucho lanzado valorado en 71 dólares.
