Este artículo es una contribución de la Ligue des droits de l’Homme.
En marzo de 2023 se reprimió violentamente el derecho de los manifestantes a oponerse a una balsa de riego en Sainte-Soline, en el oeste de Francia. Más de 200 manifestantes resultaron heridos, dos de ellos quedaron en un coma por presuntos impactos de armas menos letales en el cuello y la cabeza. Los observadores parte de organismos de derechos humanos fueron testigos de cómo las autoridades obstruían el acceso a la ayuda médica. Este artículo es una contribución de la Ligue des droits de l’Homme (Francia).
El 25 de marzo de 2023, la policía estaba apostada alrededor de las obras de construcción del embalse de Sainte-Soline, en el oeste de Francia, cuando llegó una caravana de unos 10.000 manifestantes. Inmediatamente, los 3.000 agentes del orden movilizados abrieron fuego contra los manifestantes ecologistas que se oponían a la construcción del embalse, uno de los 16 previstos en la región. Desde el inicio de la consulta pública en 2017 sobre las cuencas de riego, los opositores han argumentado que estos embalses canalizarían los escasos recursos hídricos en beneficio exclusivo de la agroindustria. No obstante, el proyecto recibió el visto bueno de las autoridades y la construcción en Sainte-Soline comenzó en octubre de 2022, a pesar de carecer de una evaluación final de impacto ambiental.
Respondiendo al llamado de más de cien organizaciones para detener la construcción del embalse en marzo de 2023, la columna de manifestantes llegó al emplazamiento de la cuenca, donde los gendarmes les dispararon continuamente durante dos horas. Se dispararon diversas granadas -algunas de grado militar-, incluidas granadas de gas lacrimógeno, granadas aturdidoras y granadas explosivas de los tipos GM2L, ASSD y GENL. También se dispararon balas de goma con rifles LBD 40. La Ligue des droits de l’Homme (LDH) relaciona el uso de marcaje químico con al menos dos detenciones, en tre las cuales se encuentra un periodista. La cantidad total de granadas disparadas ascendió a 5.000, aproximadamente una por segundo.
Dieciocho miembros de los Observatoires des libertés publiques et des pratiques policières (Observatorios de Libertades Públicas y Prácticas Policiales, afiliados a la LDH) supervisaron el despliegue. Señalaron que el lanzamiento de gases lacrimógenos y granadas explosivas fue masivo e indiscriminado, y en ocasiones dirigido contra periodistas, observadores, funcionarios políticos, manifestantes heridos y manifestantes alejados del lugar. También se dispararon granadas a los funcionarios electos que formaban una cadena humana alrededor de los manifestantes heridos, obligándoles a desplazarse. Entre los más de 200 manifestantes heridos, dos permanecieron en coma durante semanas: Mickaël B. recibió el impacto de una bala de goma LBD 40 en el cuello, mientras que Serge D. probablemente haya recibido un bote de gas lacrimógeno en la cabeza.
El equipo del Observatoire des libertés publiques et des pratiques policières denunció un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades, así como la obstrucción deliberada de la atención médica por parte del oficial al mando que denegó el acceso a un manifestante gravemente herido, alegando enfrentamientos en la zona donde se encontraba esta persona. Sin embargo, las observaciones mostraron que durante ese tiempo la zona estaba tranquila y segura, a varios cientos de metros de la policía y los manifestantes.
Los observadores de los derechos humanos cuestionan la versión oficial del desarrollo de los acontecimientos y la evocación de una «violencia sin precedentes» por parte del Ministro del Interior francés, Gérald Darmanin. Más bien, los observadores concluyen que la táctica de la Gendarmería fue hostil a los manifestantes desde el principio y no trató de facilitar el derecho a la protesta pacífica de los manifestantes ni de desescalar las tensiones. Los medios de comunicación se han hecho eco de esta noticia, así como el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores del medio ambiente, Michel Forst.
La represión en Sainte-Soline provocó nuevas protestas en todo el país contra la violencia policial en los días siguientes. Varios opositores al embalse de Sainte-Soline se enfrentan a penas de cárcel, mientras que las familias de los pacientes en coma convalecientes presentaron una denuncia por intento de homicidio y obstrucción a la asistencia médica.
Lea aquí el informe completo de la Ligue des droits de l’Homme.
