Este artículo es una colaboración del Observatoire parisien des libertés publiques.
El 1 de mayo de 2023, más de 100.000 manifestantes se reunieron en París para celebrar el Día de los Trabajadores. Las manifestaciones de este año se vieron reforzadas por las protestas contra un plan de reforma de las pensiones, que se llevaban a cabo desde enero de 2023. Como en años anteriores, la manifestación fue objeto de mucha tensión, a la que la policía respondió con el uso masivo e indiscriminado de armas menos letales y detenciones. Para la ocasión se desplegaron en la capital 5.000 policías y gendarmes (policía militar).
Más de 317 personas fueron detenidas durante las manifestaciones. Estas detenciones parecían a menudo arbitrarias, lo que provocó una escalada de las tensiones. Esta dinámica puso en peligro tanto a los manifestantes como a la policía, que dio prioridad a realizar detenciones en vez de garantizar la seguridad de quienes participaban pacíficamente en las manifestaciones.
A lo largo de la protesta, las fuerzas del orden utilizaron cañones de agua, balas de goma, granadas de gas lacrimógeno y granadas de aturdimiento. Se lanzaron ilegalmente granadas de fragmentación que explotaron a la altura de la cabeza, poniendo en grave peligro a las personas que se encontraban en la zona. El uso de la fuerza continuó sin cesar durante las últimas horas de la manifestación. En repetidas ocasiones, el uso de la fuerza observado no respondía en modo alguno a los criterios legales de necesidad y proporcionalidad. El disparo no reglamentario de una granada aturdidora hirió gravemente a un gendarme, que sufrió la fractura de varias vértebras. Estas lesiones demuestran lo peligrosa que puede ser esta arma y su efecto de explosión, que provoca fracturas a través de los pesados equipos de protección.
La manifestación terminó en la Place de la Nation, saturada con gases lacrimógenos. La policía no garantizó una ruta de salida segura para los manifestantes, ya que cerró la mayoría de las calles, lo que dificultó y puso en peligro la dispersión, incluso para las personas que sólo buscaban alejarse. La policía golpeó con porras y disparó gases lacrimógenos a los periodistas y obstaculizó la labor de los observadores. Hacia las 21.00 horas, los gendarmes intensificaron aún más la peligrosa dispersión de la gente al obligar a los manifestantes a bajar al metro empujándolos por las escaleras. Se les unieron guardias de seguridad privados que utilizaron gases lacrimógenos y perros para amedrentar a la gente.
Antes de la manifestación, las autoridades gubernamentales habían anunciado una fuerte presencia policial. Tras la manifestación, en lugar de reconocer los hechos y tratar de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden, las autoridades calificaron de necesaria la represión policial y la utilizaron para legitimar una nueva «ley antidisturbios» que restringiría aún más la libertad de protesta.
Para más información, refiérase al informe completo Escalade des violences et opération de communication de la Ligue des droits de l’Homme (Paris), el Observatoire parisien des libertés publiques y el Syndicat des avocats de France (Paris).
