Byron Guatatuca, miembro de la comunidad kichwa de San Jacinto, Puyo, localidad de la Amazonia ecuatoriana, murió en una operación policial mientras participaba en una manifestación pacífica que formaba parte de un paro nacional indígena convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. En la noche del 21 de junio de 2022, la policía nacional y el ejército ecuatorianos empezaron a despejar las carreteras bloqueadas por los manifestantes. Las fuerzas de seguridad dispararon botes de gas lacrimógeno, causando pánico y asfixia entre la multitud, incluidos ancianos, mujeres y niños. Un proyectil de gas lacrimógeno disparado a corta distancia alcanzó a Guatatuca en la cara, le fracturó el cráneo y le penetró en el cerebro, causándole la muerte. Le dispararon de frente y a corta distancia. El impacto del proyectil afectó gravemente a la región cerebral, lo que produjo una hemorragia, pérdida de conocimiento y, en última instancia, su muerte.
Los vídeos publicados en las redes sociales y en las noticias locales muestran nubes de gases lacrimógenos, civiles asfixiados y corriendo, y caos. Guatatuca es alcanzado por un bote de gas lacrimógeno y cae al suelo, con humo saliendo de su cabeza. Mia Sonovision, un medio de comunicación local, entrevistó a un manifestante que se encontraba junto a Guatatuca, quien declaró: «Al muchacho lo mataron cuando le dispararon de frente. Estaba a mi lado. Intenté sacarle la bala del ojo». El testigo mostró entonces su brazo, manchado con la sangre de Byron.
La policía emitió un comunicado en el que sostenía que Guatatuca murió por «manipulación de un artefacto explosivo», versión que fue respaldada posteriormente por el Ministerio del Interior. Sin embargo, poco después, se publicaron en las redes sociales imágenes de las tomografías computarizadas realizadas a Guatatuca en el Hospital Regional del Puyo, en las que se veía una bomba lacrimógena alojada en su cráneo. Estas pruebas no sólo socavaron la versión oficial, sino que demostraron que se trataba de una falsificación deliberada. La veracidad de los estudios médicos fue confirmada por el director del Hospital de Puyo.
El ataque a Guatatuca representa un uso excesivo e ilegal de la fuerza y dio lugar a la solicitud de que la Fiscalía General del Estado abriera una investigación penal. La Fiscalía de la provincia de Pastaza involucró a más de 80 policías en la investigación preliminar, pero aún no ha avanzado en elementos clave como la lista de agentes que portaban armas capaces de disparar botes de gas lacrimógeno.
Según Jessika Delgado -la abogada local que lleva el caso junto con la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)-, la Fiscalía parece estar retrasando deliberadamente la investigación. Han transcurrido dos meses y sólo se han tomado seis declaraciones, ninguna de las cuales procede de agentes que admitieron haber estado en el lugar de los hechos. Byron Guatatuca tenía 42 años y cuatro hijos. Su familia y varias organizaciones siguen exigiendo una investigación exhaustiva para determinar la responsabilidad penal y la cadena de mando y para que los responsables rindan cuentas por el uso de la fuerza, incluido el uso de las denominadas «armas menos letales.» El caso de Guatatuca deja claro que los botes de gas lacrimógeno pueden causar lesiones graves e incluso la muerte, dependiendo de cómo se disparen. En consecuencia, requieren una regulación y un escrutinio mucho mayores de los que reciben actualmente.
