Entre el 23 y el 29 de septiembre de 2019, estudiantes de muchas ciudades de Indonesia protestaron contra la nueva legislación que reduce la autoridad de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK), y contra varios proyectos de ley, incluido un nuevo código penal que penaliza las relaciones sexuales extramatrimoniales y la difamación contra el presidente. En Yakarta y otras ciudades, los manifestantes se enfrentaron a la policía, con el resultado de numerosos heridos y muertos.
Entre las numerosas muertes documentadas en el contexto de estas protestas, el 26 de septiembre murieron dos estudiantes por heridas de bala tras un violento enfrentamiento entre los manifestantes y la policía frente al edificio del consejo legislativo provincial en Kendari, en el sureste de Sulawesi. Immawan Randy, estudiante de 21 años de la Universidad Halu Oleo, murió tras ser alcanzado en el pecho por una bala disparada por la policía. Otro manifestante, Yusuf Kardawi, estudiante de 19 años de la misma universidad, murió tras recibir un disparo en la cabeza. En un principio, la policía negó haber utilizado munición real o balas de goma durante la manifestación.
Finalmente, la policía declaró que seis policías habían portado armas de fuego durante la protesta y, en consecuencia, fueron suspendidos. Inicialmente, sólo se abrieron procedimientos disciplinarios contra los policías y se les impusieron sanciones leves. Tras las protestas públicas generalizadas por la falta de rendición de cuentas, las autoridades se vieron obligadas a iniciar una investigación penal. En el caso de la muerte de Immawan, la bala que le dispararon coincidía con el arma que empuñaba un policía que fue condenado a cuatro años de prisión por uso indebido de armas de fuego. En el caso de la muerte de Yusuf, el proceso sigue abierto debido a las numerosas deficiencias de la investigación.
La policía ha alegado que se encontró con varias dificultades en el procedimiento del caso: ausencia de testigos clave, pruebas insuficientes y ausencia de autopsia para establecer la causa de la muerte de Yusuf. La familia se negó a permitir una autopsia, pues Yusuf ya había sido enterrado. La policía utilizó esta negativa para justificar la falta de una investigación exhaustiva. A pesar de la ausencia de autopsia, se han recuperado algunas pruebas, como la grabación de una cámara de vigilancia y el propio proyectil, que podrían servir para avanzar en la investigación. Otro estudiante, Dicky Wahyudi, resultó gravemente herido durante las protestas de septiembre de 2019.
Dicky fue atropellado por un vehículo blindado Barracuda de la policía el 27 de septiembre cuando intentaba escapar del gas lacrimógeno utilizado para dispersar a los manifestantes. Tenía contusiones en el lado derecho de la cara y una herida en el lado derecho del pecho. Según el jefe de la policía de Sulawesi del Sur, el enorme vehículo blindado había chocado accidentalmente contra Dicky. No hay más información sobre la investigación policial de este caso.
Estas muertes se suman a la larga lista de impunidad de la violencia policial en el contexto de las protestas, una lista que sigue creciendo debido a los casos sin resolver y a los nuevos que siguen surgiendo. La tendencia es clara: la policía recurre a la violencia durante las protestas y causa víctimas, pero sólo se exigen responsabilidades a los agentes de bajo rango, en la medida en que las hay. Por lo general, no existe una cadena de mando que rinda cuentas ni una evaluación sobre cómo la policía debería gestionar y facilitar mejor las protestas en el futuro.
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