El 31 de enero de 2024 y el día siguiente, al menos 31 personas fueron detenidas arbitrariamente y al menos 285 más resultaron heridas por uso indebido de armas menos letales en Buenos Aires, Argentina. Entre los heridos figuran 35 periodistas.
Contexto
Las manifestaciones estaban relacionadas con la controvertida Ley de Bases del recién electo presidente Javier Milei. Esta ley, también conocida como la «Ley Ómnibus», proponía levantar regulaciones y recortar fondos en temas relacionados con la economía, la salud, la energía y la administración estatal. Unas semanas antes, entró en vigor una medida federal que prohibía la asamblea pacífica en el espacio público, lo que allanó el camino para operaciones policiales más represivas por parte de las fuerzas nacionales en manifestaciones.
Despliegue de armas
Las armas utilizadas incluyen proyectiles de impacto cinético disparados desde armas semiautomáticas, irritantes químicos como el gas pimienta y el gas lacrimógeno, camiones hidrantes y porras. Estas armas a menudo se apuntaban a la altura de la cabeza, violando los Lineamientos de la ACNUDH sobre el uso de armas menos letales. Según una investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las fuerzas de seguridad rociaron a corta distancia a manifestantes con agentes químicos de marca CTS, modelos MK-4 y MK-9 que despiden OC (gas pimienta) y CS (chlorobenzalmalononitrilo).
Las fuerzas también usaron una serie de escopetas, entre las cuales la FN Herstal FN303 Launcher, un rifle semiautomático que se carga con proyectiles de impacto kinético (KIP) del estilo de balas de goma. Algunas municiones liberan agentes químicos al impacto. Las caracteristicas de estas escopetas exigen que nunca se disparen desde un vehiculo en movimiento. Sin embargo, hay fotos que revelan como las fuerzas deseguridad dispararon estas armas desde motos que circulaban entre manifestantes.
Además, las fuerzas de seguridad nacionales desplegadas durante estos episodios de represión operaron en algunas áreas donde carecían de jurisdicción. A una escala más amplia, estos abusos también fueron inconstitucionales, ya que restringieron los derechos garantizados a protestar, la libertad de expresión y la prensa.
Los proyectiles de impacto cinético (KIP), a corta distancia, pueden comprometer órganos, causar fracturas y matar. Desde distancias más largas, son imprecisos y tienen alto riesgo de herir a transeúntes. Mezclas desconocidas de irritantes químicos también fueron rociadas sobre manifestantes, periodistas y terceros. Los efectos de estos agentes incluyen dolor intenso, malestar respiratorio y digestivo, ceguera temporal y quemaduras químicas en la piel, ojos, garganta y pulmones.
Ataques contra observadores y periodistas
Entre los heridos, el abogado de derechos humanos Matías Aufieri quedó permanentemente ciego de un ojo después de recibir un disparo de bala de goma en el rostro. El fotoperiodista de la Agencia Nacional de Noticias Télam, Alfredo Luna, llevaba puesto su chaleco de «Prensa». Sin embargo resultó herido por una bala de goma disparada desde una motocicleta en movimiento. Cabe destacar que él y la mayoría de sus colegas llevaban insignias de prensa visibles cuando fueron acorralados por la policía y disparados con proyectiles KIP por la policía.
El CELS, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SipreBa), la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) han colaborado en denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los Relatores Especiales de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, sobre la libertad de opinión y de expresión, y sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
Estudio de caso compilado por la pasante de INCLO Devyn Van Boven – agosto de 2024
